BUENOS AIRES, jun. 24 (UPI) -- Amnistía Internacional Argentina ha recibido varias denuncias en estos días sobre amenazas a indígenas de la etnia Qom en la provincia de Formosa.
Puntualmente, que los intendentes de Laguna Blanca, Naick-Neck y Siete Palmas, de la Provincia de Formosa, amedrentan y amenazan a los habitantes de La Primavera con el fin de influir en las elecciones internas de la Comunidad. Amnistía Internacional insta al gobierno a garantizar que hombres y mujeres indígenas puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin miedo o intimidación con respecto a sus trabajos y programas estatales de salud, vivienda, educación y otros, y que las fuerzas de seguridad no sean utilizadas para crear presión y coartar la participación y movilización de las comunidades.
Dicha recomendación fue formulada en el informe sobre la Comunidad El Descanso, de la misma provincia, en abril del 2010. Es con la misma preocupación que en éste caso Amnistía Internacional Argentina insiste en este punto para el caso de las elecciones internas de La Primavera. Amnistía Internacional Argentina espera que la regularización de situaciones como las de La Primavera no sigan impidiendo al Estado Argentino cumplir con sus compromisos internacionales referidos al relevamiento de las tierras y territorios indígenas.
Amnistía Internacional Argentina insta a que se realice sin más demoras el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras indígenas. Tal relevamiento debe realizarse con los estándares internacionales reconocidos en los instrumentos legales con cuyo cumplimiento el Estado Argentino se ha comprometido al ratificar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Amnistía Internacional Argentina insta al gobierno nacional y provincial a ofrecer respuestas y soluciones concretas a fin de garantizar que los indígenas en Formosa y en el resto de la Argentina, puedan vivir en sus tierras ancestrales sin miedo a ataques ni desalojos. Asimismo, insta a que el Estado reconozca, a los pueblos indígenas de todo el país el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan a través de mecanismos que garanticen su plena participación.